En el contexto internacional de pandemia por COVID-19 donde gran parte de la población, especialmente mujeres y trans, perdieron su trabajo/ingreso, el gobierno argentino elige alíarse con organizaciones vinculadas al proxenetismo para llamarle «trabajo» a la explotación sexual en vez de generar un ingreso universal de emergencia ni garantizar la cobertura médica para todas, concretamente las más vulneradas. En inicios de una crisis económica histórica, no es casual que el Estado aproveche la pobreza extrema en aumento para seguir acrecentando las ganancias de los proxenetas que ya a día de hoy facturan billones de dólares a nivel mundial, y, en los países donde lograron regular la prostitución, llegaron a acrecentarlas hasta 10 veces más.
El gobierno nacional creará una mesa de trabajo para reconocer a las trabajadoras sexuales
No es casual que AMMAR, que forma parte de las organizaciones del lobby proxeneta internacional, siendo esta parte de la RedTraSex, red financiada por la Open Society Foundation de George Soros, esté tan interesada haciendo presión por resoluciones como está, pues ya viene sumando tres dirigentes denunciadas por víctimas de ser regentes y trata de personas.
Una dirigente de Ammar procesada por trata
“Con el cuentito de ‘ser puta es cool’ captaban a las chicas sin necesidad de tener que secuestrarlas”
En ese sentido, el intento de poner a las prostitutas en una categoría de monotributistas no es inocente y es triplemente opresiva: primero, se alía con el neoliberalismo que no genera puestos de trabajo, haciendo que los índices de desempleo femenino bajen bruscamente. Segundo, niega el hecho de que las prostitutas ya se pueden registrar en la categoría «otros rubros» sin necesidad de crear la categoría patriarcal de «trabajadora sexual»; a la vez que obliga a las mujeres explotadas sexualmente a pagarle al Estado cuando es éste el que debería garantizarle la salud, la vivienda y un trabajo del cual puedan jubilarse, haciendo, finalmente, que el mismo se convierta en su proxeneta. Y tercero, siendo la sexualidad considerada ahora desde una perspectiva profundamente conservadora un servicio para el consumidor, deja marco legal para proyectos de ley u ordenanzas que permitan a los prostituyentes quejarse de algún servicio no satisfecho o denunciar a las mujeres por el contagio de alguna ETS, exponiendo a las prostitutas más criminalización de la que ya sufren por los artículos de los códigos contravencionales de las policías provinciales que las abolicionistas luchamos por derogar.
Por otro lado, el feminismo al sexo coaccionado nunca lo ha llamado “trabajo sexual” sino lo que es: violación, en este caso, comercializada. El proxeneta es un esclavista de mujeres, no un “patrón más” (negando así también, su carácter históricamente anticapitalista). La hipersexualización de las mujeres por parte de hombres por sus intereses sexuales, es cosificación, y no “capital erótico”; no nos aprovechamos de los hombres con dinero engañandolós, ellos son quienes tienen el poder en la relación prostituyente.
La prostitución existe a gran escala sólo gracias a la existencia de la pobreza de las mujeres y redes de explotación sexual formadas por funcionarios gubernamentales, policías, explotadores y captadores. No se trata de voluntades libres, sino de un sistema que extrae dinero a muy bajos costos: trasladando de un lugar a otro a una mujer que perdió vínculos con su familia o que fue abusada sexualmente en la infancia, a las cuales mantienen dentro de los prostíbulos con un sistema de endeudamientos y con constantes maltratos, vendiéndolas a un alto precio, obligádolas a estar con cuantos más tipos mejor, sin importar ni un poco su voluntad o deseo sexual. Hay que recordar entonces que en Argentina la prostitución NO está penalizada, es decir, la mujer prostituída, sino que lo está el proxeneta. Entonces, ¿por qué es necesario este blanqueamiento de la actividad como un trabajo? ¿a quiénes beneficia? Para que las mujeres explotadas sexualmente tengan una restitución de derechos se tiene que condenar su explotación y NO embellecerla, se las tiene que reconocer legalmente como desempleadas que sufren violencia machista y generar puestos de empleo para esa gran mayoría que está ahí captada por proxenetas o porque no tuvo más opción; de la mano con políticas educativas, de salud, de vivienda, de atención psicológica para víctimas de abusos sexuales y maltratos masculinos intrafamiliares, etc.
«La prostitución no afecta solo a las prostituidas, sino a todas las mujeres»
Finalmente, exigimos que el Estado brinde medidas a la altura de la emergencia, escuche a las sobrevivientes abolicionistas, investigue a fondo y desmantele las redes de prostitución y penalice a todos sus participantes: proxenetas, tratantes, cómplices políticos y “clientes”-prostituyentes.
Texto. Belén Noir.
Img. Aldana M.
RadAr 